21
Nov
08

Detienen a dos personas más en el marco de la investigación sobre corrupción urbanística en Librilla (La verdad)

 Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron hoy a dos personas más, por un presunto delito de blanqueo de capitales, en el marco de las investigaciones sobre una presunta trama de corrupción urbanística en Librilla, en la denominada operación ‘Biblioteca’, según informaron fuentes de la investigación.

Con estas, se elevan ya a diez los arrestos que la UCO ha practicado desde el martes. Las detenciones se enmarcan en las investigaciones que está realizando el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que ha abierto un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

El martes pasado, en la primera fase de la operación, se detuvo al responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde 2007, José Luis Cano; el ingeniero Domingo Peñalver, propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOU de Librilla; José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L; María Josefa B., mujer de Cano; y Francisca G., esposa de Cortés.

Mientras, ayer, en la segunda fase, se arrestó al alcalde de Librilla, José Martínez; así como al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez; y un asesor del Ayuntamiento, el abogado Cesáreo Gil de Pareja, que ha sido puesto en libertad esta tarde.

No obstante, la mujer del funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, María Josefa B.; así como la esposa de José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L, Francisca G., han sido también puestas en libertad.

“No hay trama de corrupción en la Comunidad”

La portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, afirmó hoy que puesto que la investigación que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, en relación a la presunta trama de corrupción urbanística en Librilla, “afecta a un sólo funcionario de la Administración regional, no hay ninguna trama en la Comunidad”. Reverte se refirió a José Luis Cano, responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde 2007, y detenido en la operación ‘Biblioteca’.

Reverte, quien hizo estas declaraciones en rueda de prensa tras informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, defendió la “honradez y eficacia de los más de 45.000 empleados públicos de la Administración Regional” en su figura de “máxima responsable de función pública”.

Y es que, recalcó, “la labor de servicio público que, día a día, desarrollan en beneficios de todos no puede ser puesta en cuestión por un caso concreto, no puede elevarse a categoría”.

En este sentido, dejó claro que no permitirá que “se lesione la imagen de los trabajadores públicos”, puesto que, afirmó, “somos los primeros interesados en destapar cualquier conducta irregular en la Administración, en colaboración con la justicia y en beneficio del resto de funcionarios”.

Por ello, Reverte mostró su defensa “al máximo” a las actuaciones judiciales, así como su “total colaboración con la justicia, la transparencia en la gestión administrativa”, y pidió “respeto” a estas actuaciones al objeto de que “puedan cumplir sus objetivos con todas las garantías”.

Igualmente, la portavoz del Ejecutivo murciano declaró que “la solicitud de documentación ha sido atendida con la máxima transparencia, en estrecha cooperación con la investigación judicial”.

Envío de documentación adicional al juzgado

En este punto, puso de manifiesto que la Administración regional “ha remitido documentación adicional al Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia de forma proactiva, sin necesidad de requerimiento judicial alguno, por si pudiera ser de interés en la investigación”.

Entre esa documentación adicional y “voluntaria”, anunció que ayer se emitió a dicho juzgado “el procedimiento administrativo que se inició al conocer, a través de los medios de comunicación, una denuncia formulada por el PSRM”.

Y es que, la Consejería de Presidencia abrió, en abril de 2007, una investigación administrativa al responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, José Luis Cano. En aquel momento, el por entonces consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, explicó que “por parte de la Dirección General de Administración Local, desde el momento que aparecieron las primeras noticias, con la diligencia debida y con las cautelas necesarias, se produjeron las conversaciones con él, y después se decretó una información reservada”. Finalmente, no se detectaron irregularidades administrativas en su actividad.

Reverte explicó que la Administración regional “inició un procedimiento administrativo, de carácter reservado, para detectar si se había desarrollado alguna presunta irregularidad administrativa”, acordándose la iniciación de ese procedimiento. “El propio funcionario se le prestó declaración, que ya consta oficialmente en el juzgado”, apostilló.

Respecto a la figura de Cano, precisó que “es funcionario de la Comunidad Autónoma, pero está en situación en excedencia voluntaria por interés particular desde el pasado 1 de junio de 2007”, por lo que, insistió, “actualmente no trabaja para la Administración regional y no ha sido nunca un alto cargo del Gobierno regional”.

Asimismo, la portavoz del Gobierno regional señaló que la Administración Pública Regional “no puede tomar ninguna iniciativa en relación con ese funcionario público desde el momento en que hay unas diligencias judiciales abiertas en un juzgado”.

Sobre ello, puntualizó que “las capacidades que tienen las Administraciones Públicas son expedientes sancionadores internos de la propia Administración”; incluso se tiene que dar cuenta “inmediata” del mismo al Ministerio Fiscal “si presuntamente ve algún indicio de alguna irregularidad administrativa”. “Desde ese momento, argumentó, todas las actuaciones quedan en suspenso hasta que el órgano jurisdiccional resuelve”.

A lo que añadió que “en el caso de que en éste o en cualquier otro caso hubiera una sentencia judicial condenatoria, esa propia sentencia judicial determinaría, en el fallo, la repercusión, suspensión”. Es decir, “es la sentencia jurídica la que determinaría las actuaciones que el Gobierno regional debería adoptar en relación con el funcionario”, insistió.

Preguntado de si el alcalde de Librilla, José Martínez, será apartado del PP, Reverte comentó que se trata de una cuestión que tendrán que “decidir” los órganos internos del partido.

Tras ello, enfatizó que “como ya han subrayado los responsables del PP, lo importante es que los órganos judiciales actúen con rapidez para conocer, cuanto antes, el alcance de los hechos que están siendo objeto de investigación”.

Toma de declaración al copropietario de Acadi

El juez que instruye el denominado “caso Librilla”, que investiga una presunta trama urbanística en esa localidad, tomó hoy declaración durante tres horas al ingeniero Domingo Peñalver, copropietario de la empresa Acadi, cuya actividad centró buena parte del interrogatorio de Peñalver.

Su abogado, Evaristo Llanos, al término de la declaración de su defendido, la calificó de “muy extensa” e informó de que “le preguntaron por la actividad mercantil de Acadi, además de por la de “otras muchas empresas”.

La empresa Acadi fue la adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Librilla y de una treintena de planes parciales de esa localidad, y es propiedad de Peñalver y del ex-responsable del Servicio de Asistencia a Municipios de la Comunidad Autónoma José Luis Cano, en excedencia desde el pasado año.

El abogado Llanos afirmó que su defendido no ha sido informado del delito concreto que se le imputa, recordó que el caso está bajo secreto de sumario, y añadió que la decisión sobre su puesta en libertad o ingreso en prisión se conocerá “a última hora de hoy, o mañana por la mañana”.

Añadió que su cliente se manifestó ante el juez “muy tranquilo” y que prestó una declaración muy extensa porque “había muchos puntos por aclarar” y porque el detenido, a su juicio, “se explaya, no es nervioso y quería dejar bien claro todo”.

Peñalver abandonó pasadas las 14,00 horas el despacho del magistrado acompañado por la Guardia Civil después de firmar su declaración.

Tras un breve receso, entró en el despacho judicial para prestar declaración José Luis Cano, quien, a preguntas de los periodistas, se limitó a decir “aquí estamos”.

A la espera de comparecer ante el juez, Andrés Carrillo, se encuentra el gerente de la empresa municipal de suelo Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L., José Andrés Cortés Otálora.

Los otros tres detenidos que prestarán declaración judicial hoy o mañana son el alcalde de Librilla, José Martínez, del PP, el concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, y el asesor legal del ayuntamiento Cesáreo Gil de Pareja.

La Guardia Civil dejó hoy en libertad a las dos mujeres detenidas también el martes en relación a este caso, aunque están imputadas en el mismo.

Cano declara durante dos horas

José Luis Cano prestó hoy declaración durante dos horas ante el magistrado Andrés Carrillo.

El ex funcionario abandonó el despacho judicial alrededor de las 16,00 horas acompañado por su abogado, Francisco Valdés Albistur, sin querer contestar a las preguntas de los periodistas que aguardaban su salida.

El abogado defensor, tras acompañar al detenido al calabozo de los juzgados, tampoco quiso hacer manifestaciones a los periodistas sobre la declaración de su cliente apelando al secreto de sumario de la operación.

José Luis Cano declaró ante el juez cuando concluyó la comparecencia del ingeniero Domingo Peñalver, y tras un breve receso el juez llamó a declarar al gerente de la empresa municipal de suelo de Librilla, José Andrés Cortés Otálora.

El juez ha manifestado su intención de tomar declaración también hoy a los tres detenidos ayer por el presunto cobro de comisiones ilegales en esta trama: el alcalde de Librilla, José Martínez, del PP, el concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, y el abogado urbanista Cesáreo Gil de Pareja Otón.

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